Violencia digital contra candidatas en bolivia: un ataque a la democracia
La Paz, Bolivia – Una ola de violencia política en redes sociales está asediando a candidatas a cargos públicos en las elecciones autonómicas bolivianas de octubre de 2025. Un estudio de la Coordinadora de la Mujer documenta 665 ataques dirigidos contra 17 mujeres, revelando patrones preocupantes de acoso y discursos de odio.
Candidatas bolivianas sufren una escalada de violencia online
El reporte, que analizó contenido en Facebook, Instagram, X (Twitter) y TikTok entre el 30 de noviembre de 2025 y el 13 de febrero de 2026, identifica que el 70% de las candidatas afectadas aspiran a cargos ejecutivos, mientras que el resto busca representación legislativa. La violencia se manifiesta a través de insultos, cosificación, desinformación y comparaciones entre las postulantes, con un incremento notable entre las candidatas de entre 30 y 40 años.
El estudio no solo detalla casos aislados, sino que evidencia estrategias para socavar la legitimidad de las mujeres en la política. Se mencionan a figuras como la exalcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, y la exdiputada Luisa Nayar, así como a candidatas como Mayté Flores, Rocío Molina y Luciana Campero. Toribio Lero, candidata que denunció acoso centrado en su autoidentificación indígena, también figura entre las afectadas. La violencia digital se suma a un contexto de tensiones políticas, como la reciente renuncia de la exviceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, quien denunció las dificultades que enfrentan las mujeres para ejercer la política.
La Coordinadora de la Mujer exige al Tribunal Supremo Electoral que sancione la difusión de contenidos misóginos y active mecanismos para prevenir renuncias forzadas. “La violencia política digital no solo vulnera derechos individuales, sino que afecta la calidad democrática en su conjunto”, afirmó Tania Sánchez, coordinadora de la organización. La violencia contra las mujeres en la política no es un fenómeno nuevo en Bolivia. Durante las elecciones nacionales de octubre pasado, cinco candidatas, incluyendo la única mujer que aspiraba a la vicepresidencia, Mariana Prado, fueron objeto de ataques similares. El estudio pone de manifiesto la persistencia de prácticas que buscan silenciar y deslegitimar a las mujeres en la esfera pública.
La ley 243 boliviana sanciona el acoso y la violencia política, pero su aplicación, según el estudio, resulta insuficiente. La cifra habla por sí sola: 665 ataques contra 17 mujeres. Este tipo de violencia no solo afecta a las candidatas, sino que erosiona la confianza en el sistema democrático. La respuesta de las autoridades será determinante para proteger la integridad del proceso electoral y garantizar la participación plena de las mujeres en la vida política boliviana.
La renuncia de Barrientos, quien describió las dificultades que enfrentan las mujeres en la política, no es un caso aislado. Es un síntoma de una realidad más amplia: la persistente resistencia a la plena participación femenina en la toma de decisiones. La violencia política, en sus múltiples formas, es un obstáculo para la construcción de una democracia verdaderamente inclusiva.
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