Seguimiento a maltratadores: el cgpj dice que es “imposible”, desatando la polémica
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, reclamaba un control exhaustivo de los agresores sexuales tras su liberación, pero Esther Erice, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha echado por tierra esa posibilidad. Su argumento, contundente y polémico, ha generado una ola de críticas y ha puesto en tela de juicio la efectividad de la respuesta judicial ante la reincidencia en violencia de género.
Un ordenamiento jurídico que no contempla el seguimiento post-penal
Erice, en declaraciones a Europa Press, ha defendido que, una vez cumplida la pena, el sistema legal español no permite –ni el de otros países de nuestro entorno– un seguimiento específico de los maltratadores. “Nuestro ordenamiento jurídico sanciona hechos y valora la peligrosidad, pero esta no es determinante para imponer medidas jurisdiccionales una vez cumplida la condena, salvo en casos de prisión permanente revisable”, ha explicado. La declaración llega en un momento especialmente delicado, con 14 mujeres y tres menores asesinados en lo que va de año, una cifra que, según Erice, aún es “francamente poco” para considerarse “significativo” y que requiere de un balance anual para evaluar tendencias.
La ley integral de 2004: un esfuerzo incompleto, dos décadas después
La realidad es que la respuesta a la violencia de género va mucho más allá de los juzgados y la policía. La Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, a pesar de su importancia, sigue sin estar “totalmente implementada”, según Erice. Un fallo estructural que se manifiesta en la falta de coordinación entre los diferentes sectores –sanidad, servicios sociales– que deberían detectar situaciones de riesgo antes de que escalen hasta la denuncia y el proceso judicial. La colaboración interinstitucional, esencial para una respuesta eficaz, se ve obstaculizada por la falta de registros compartidos de indicios de violencia en historias clínicas o sociales, una barrera que dificulta la recopilación de pruebas.
Órdenes de alejamiento: una solución a la carta, dependiente del riesgo
En cuanto a la propuesta del Ministerio de Igualdad de establecer una distancia mínima de 350 metros en las órdenes de alejamiento, Erice ha advertido que no existe una talla única. La eficacia de estas medidas depende del nivel de riesgo, las circunstancias personales de las partes y la cobertura tecnológica del territorio. El Observatorio del CGPJ está elaborando un mapa de zonas con baja cobertura de telecomunicaciones para ajustar las medidas de seguridad a cada caso, una tarea que aún está en curso.
Una “heroicidad” para denunciar: la necesidad de apoyo social y económico
La cifra del 80% de víctimas mortales que convivían con sus agresores y la falta de denuncia previa hablan por sí solas. Denunciar, para muchas mujeres, exige una “heroicidad”, especialmente para aquellas que dependen económicamente de su agresor o tienen hijos menores a su cargo. La falta de apoyo social y económico se convierte en una barrera infranqueable, perpetuando el ciclo de violencia. Aunque desde 2015 se aprecia una tendencia descendente en el número de mujeres asesinadas, Erice insiste en que los asesinatos machistas son “un fracaso social plenamente”, un espejo en el que se refleja la persistencia de una cultura machista que aún no ha sido erradicada.