Petroperú se hunde: deuda tributaria revela una crisis financiera
Una notificación inesperada del Tribunal Fiscal ha sumido a Petroperú en una nueva crisis, obligando a una revisión contable que eleva la pérdida neta auditada a 601 millones de dólares. Un dato que, lejos de ser un simple ajuste, expone la fragilidad financiera de la estatal peruana.
El detrás de la deuda: un impuesto al rodaje en la mira
La raíz del problema reside en una disputa tributaria de larga data con la Sunat, específicamente en la interpretación del Impuesto al Rodaje (IRO) aplicado a la importación de insumos para la producción de gasolinas en 2019 y 2020. El Tribunal Fiscal, tras rechazar las apelaciones de Petroperú, confirmó la posición de la Sunat, obligando a la empresa a provisionar una deuda coactiva de 133 millones de dólares.
La notificación, tardía en llegar –seis semanas después del cierre contable–, generó un desfase significativo entre los estados financieros inicialmente presentados ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y el resultado auditado, elevando la pérdida neta a 601 millones, un incremento considerable respecto a los 468 millones reportados previamente. Este ‘desbalance’ no es solo una cifra, es la materialización de una gestión fallida.
El capital de trabajo de Petroperú cerró 2025 en negativo, alcanzando los 2.296,4 millones de dólares, un reflejo palpable de la incapacidad de la empresa para generar flujo de caja. La situación ha forzado al directorio a aprobar una provisión adicional de 158 millones de dólares para cubrir la deuda impagable, un esfuerzo que, sin duda, agrava aún más la situación financiera.
Pero la controversia no se limita al IRO. La decisión del Tribunal Fiscal se fundamenta en una interpretación específica de este impuesto, que grava la venta y la importación de gasolinas con una tasa del 8% destinada a financiar mejoras en las pistas y calles municipales. Petroperú argumentó, sin éxito, que los insumos importados no calificaban como productos finales. La determinación del Tribunal, lejos de ser una excepción, subraya la necesidad de una mayor claridad en la aplicación de la legislación tributaria.
Ante este escenario, el Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAPP) ha reiterado su exigencia de una gobernanza más sólida para Petroperú, instando a mayores estándares de transparencia, auditoría y rendición de cuentas. La empresa, ahora, busca vías legales para responder al fallo fiscal, aunque, por el momento, debe asumir el impacto financiero de la deuda y reflejarlo en sus resultados auditados. Una situación que, sin duda, pone en tela de juicio el futuro de la petrolera estatal.
Con un balance que refleja una pérdida neta de 601 millones de dólares, Petroperú se enfrenta a un desafío considerable. La situación, lejos de ser una simple corrección contable, expone una profunda crisis interna y la necesidad urgente de un cambio de rumbo.