Nicaragua: ong exige a la comunidad internacional no ignorar la crisis de derechos humanos
San José, Costa Rica – La crisis de derechos humanos en Nicaragua, prolongada durante ocho años bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha vuelto a escalar. La organización Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica ha lanzado un llamado urgente a la comunidad internacional para que no permanezca indiferente ante la sistemática violación de derechos.
Organización denuncia persecución, desapariciones y la negación de la verdad
El Colectivo, compuesto principalmente por activistas nicaragüenses, ha denunciado que el gobierno ha convertido la persecución política, las desapariciones forzadas y la apatridia en herramientas de control. La organización exige que se investigue a fondo los crímenes de lesa humanidad cometidos desde abril de 2018, cuando las protestas contra reformas a la seguridad social se transformaron en una demanda de renuncia al presidente Ortega.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estima que al menos 355 personas murieron durante las protestas, aunque organizaciones locales elevan la cifra a 684. El gobierno de Ortega reconoce más de 300 fallecidos, calificando las protestas como un intento de golpe de Estado. El Colectivo de Derechos Humanos, en un comunicado, reafirma los hallazgos recientes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU, que confirman las graves violaciones de derechos humanos que persisten en el país.

La represión se extiende más allá de las fronteras nicaragüenses
La organización alertó sobre la profundización de la represión dentro y fuera de Nicaragua, citando el reciente asesinato de Roberto Samcam en Costa Rica el 19 de junio de 2025. La ONG exige la verdad sobre el paradero de personas en situación de desaparición forzada, las condiciones de los presos políticos, todos los asesinatos desde 2018 y la cadena de mando responsable.
Además, la organización denuncia la confiscación de propiedades, el exilio forzado y el uso de instituciones estatales para garantizar la impunidad. “La verdad es un derecho de las víctimas, de sus familiares y de toda la sociedad. Es también una condición indispensable para la justicia, la reparación integral y la no repetición”, subraya el Colectivo.
La persistencia de estas violaciones, junto con la obstinada negación oficial, pone de manifiesto la urgencia de una respuesta internacional contundente. La comunidad internacional no puede permitirse la complacencia ante una situación que socava los principios fundamentales de la dignidad humana.
La memoria de las víctimas exige justicia
La comunidad internacional debe actuar. La verdad, tal como la exigen las víctimas y sus familias, es el primer paso hacia la reparación y, quizás, hacia la reconstrucción de un país que se encuentra sumido en una profunda crisis.
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