Mulino frena la ley que buscaba redireccionar a jóvenes al mercado laboral
El proyecto de ley que prometía una revolución en la orientación vocacional para jóvenes adultos en Panamá ha chocado con el veto presidencial. José Raúl Mulino, tras meses de aprobación unánime en la Asamblea Nacional, ha devuelto la iniciativa argumentando serias irregularidades que, según él, comprometen la estabilidad institucional y el correcto manejo de los recursos públicos.
Un giro inesperado tras la aprobación legislativa
En febrero de 2026, la Asamblea Nacional celebraba la aprobación unánime de la Ley 145, una propuesta que pretendía alinear los estudios y habilidades de los jóvenes con las demandas del mercado laboral, buscando así una alternativa a las carreras tradicionales saturadas. El espíritu de la ley era ambicioso: crear una “Política de Estado de Carrera Vocacional para el empleo de jóvenes adultos”, impulsando el emprendimiento y diversificando el abanico de candidatos para los puestos de mayor demanda.
Pero la euforia legislativa se ha desvanecido con la nota remitida por el presidente Mulino al presidente de la Asamblea, Jorge Luis Herrera. El veto no se basa en una cuestión de fondo, sino en aspectos técnicos y legales que, según la administración, comprometen la viabilidad del proyecto.
La principal objeción radica en la falta de claridad en la definición de la población objetivo. ¿A quién va dirigida exactamente esta política? ¿Cómo se delimitarán los criterios de acceso? La ambigüedad, según Mulino, abre la puerta a interpretaciones divergentes y, potencialmente, a una gestión ineficiente de los recursos.
Además, el veto señala posibles conflictos de competencia entre el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el sistema educativo y las universidades en materia de orientación y certificación. La ley, en su redacción original, parecía difuminar las responsabilidades de cada institución, generando un riesgo de superposición normativa y descoordinación.
Otro punto crítico es la ausencia de una fuente de financiamiento clara para los programas, certificaciones y plataformas tecnológicas que la ley contemplaba. Es decir, se proponían inversiones significativas sin especificar cómo se iban a cubrir los costos, lo que, a juicio del presidente, es inaceptable.
La Secretaría Nacional de Discapacidad tampoco quedó exenta de críticas. El proyecto de ley omite su rol rector, lo que debilita la coherencia institucional y podría dejar fuera a un sector vulnerable de la población.
Ariel Vallarino, diputado del partido oficialista Realizando Metas y proponente de la ley, había defendido la iniciativa como “una inversión estratégica para el futuro del país”, argumentando que buscaba “sentar las bases para el desarrollo del talento humano ante la desconexión entre lo que se estudia y lo que el mercado laboral necesita”. Sin embargo, las objeciones de Mulino parecen haber puesto en jaque esa visión.
La ley también planteaba la posibilidad de que las certificaciones otorgadas por la institución, destinadas a orientar a los jóvenes hacia empleos de alta demanda, pudieran equipararse a títulos académicos, generando incertidumbre sobre su reconocimiento y su relación con la formación profesional existente. El presidente, en su nota, ha enfatizado que la función de regular la educación formal recae en el Ministerio de Educación, y que la intervención del Ministerio de Trabajo podría generar conflictos.
Ahora, la pelota está en el tejado de la Asamblea Nacional, que deberá decidir si ratifica el veto presidencial o si intenta modificar la ley para satisfacer las exigencias de la administración de Mulino. El futuro de esta iniciativa, que prometía transformar la forma en que los jóvenes panameños eligen su camino profesional, pende de un hilo.
El mercado laboral y la formación: ¿una brecha por cerrar?
La iniciativa, aunque atascada, pone de manifiesto una realidad innegable: la necesidad de alinear la formación académica con las demandas del mercado laboral. La saturación de algunas carreras y la escasez de profesionales en otros sectores son síntomas de una desconexión que, si no se aborda, podría frenar el desarrollo económico del país. La pregunta ahora es si la Asamblea Nacional logrará encontrar una solución que satisfaga a todas las partes y permita avanzar hacia un sistema de orientación vocacional más eficaz y equitativo.