Morelos: profepa frena tala masiva en área protegida
La tranquilidad del paraje “Ojo de Agua” en Morelos se vio abruptamente interrumpida esta semana con la clausura de un predio por parte de la Profepa, tras descubrir la destrucción de 52 árboles nativos, un golpe directo al ecosistema de selva baja caducifolia.
Un cambio de uso de suelo ilegal que desata la alerta
El operativo, derivado de una visita de inspección, reveló la remoción total de la cubierta vegetal en una extensión de terreno perteneciente al ejido de Palo Grande, en el municipio de Miacatlán. La maquinaria pesada, empleada para la tala indiscriminada, había preparado el terreno con miras al cultivo de agave, un giro de negocio que, lamentablemente, se realizó al margen de la ley.
La ausencia de permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para este tipo de modificaciones en terrenos forestales es flagrante, según la Profepa. Lo que nadie cuenta es que este tipo de acciones no solo conllevan sanciones económicas, sino que también representan una amenaza real para la biodiversidad y la estabilidad del entorno.
Entre las especies afectadas se encuentran el cazahuate (Ipomoea murucoides), el cuauhlote (Guazuma ulmifolia) y el guamúchil (Pithecellobium), árboles emblemáticos de la región, junto con una gran cantidad de arbustos característicos. La tala indiscriminada no solo elimina la flora, sino que compromete la capacidad del suelo para retener agua, incrementando el riesgo de erosión y afectando la regulación del clima y la fauna local. La cifra habla por sí sola: 52 árboles talados en una zona protegida.
Frente a la falta de documentación que justificara la intervención, el responsable del predio no pudo ofrecer una explicación satisfactoria. La Profepa, en cumplimiento con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, procedió a la colocación de sellos de clausura, una medida cautelar que busca frenar cualquier nueva actividad ilegal.
Las consecuencias legales podrían ser severas. La legislación vigente contempla penas de prisión de 1 a 9 años, así como multas que oscilan entre 300 y 3 mil días de multa. La Profepa ya ha anunciado el inicio de un procedimiento administrativo para determinar las sanciones correspondientes a los responsables, y se intensificarán los recorridos de vigilancia en la zona, en coordinación con las autoridades locales.
Esta situación pone de manifiesto la necesidad de reforzar la vigilancia y el control en las áreas forestales, así como de promover prácticas de desarrollo sustentable que respeten el medio ambiente y garanticen la protección de los ecosistemas. La destrucción de la selva baja caducifolia en Morelos no es un hecho aislado, sino un síntoma de una problemática más profunda que requiere una respuesta urgente y contundente.