La fiscalía desmantela el legado financiero del 'bananero': 65.000 millones para las víctimas
La Fiscalía General de la Nación ha desmantelado una red de 19 bienes vinculados al extinto Bloque Bananero de las AUC, una operación que devuelve a la República una suma de 65.000 millones de pesos y, lo más importante, los coloca a disposición de las víctimas del conflicto armado.
Una trama oculta para ocultar la sangre y el dinero
La medida, ejecutada a raíz de una orden judicial del Tribunal Superior de Medellín, implica la extinción de dominio sobre predios estratégicos que durante años sirvieron como centro neurálgico de la organización paramilitar en la región de Urabá. Lo que inicialmente parecía una simple ejecución judicial, revela una sofisticada estrategia de lavado de dinero que intentó camuflar la procedencia ilícita de los fondos.
Como señala la investigación, el terreno de la hacienda El Cocuelo, ubicada en Turbo (Antioquia), fue dividido en 15 lotes independientes, cada uno registrado a nombre de distintos individuos, con el objetivo de dificultar la acción de la justicia. Un juego de traspasos complejos, diseñado para ocultar la conexión con la organización y generar confusión en las autoridades. La paciencia de la Fiscalía, sin embargo, ha prevalecido.
Más allá de Antioquia, la intervención abarca activos en Meta y Casanare: un predio rural de considerable extensión, y cuatro propiedades urbanas. Estos terrenos, según la Fiscalía, no solo funcionaron como refugio para los combatientes, sino como una fuente inagotable de recursos para financiar sus operaciones. La cifra de 65.000 millones no es un mero número; es la consecuencia tangible de años de violencia y criminalidad.
La extinción de dominio supone el paso de estos bienes al control del Estado, destinados a financiar procesos de reparación colectiva para las víctimas del conflicto. Es una medida contundente, un mensaje claro: la impunidad no tiene cabida en la búsqueda de la justicia restaurativa. Este acto judicial, lejos de ser un mero trámite burocrático, representa un paso firme en la lucha contra el crimen organizado y en la reivindicación de los derechos de aquellos que sufrieron las consecuencias más devastadoras de la guerra.
La estrategia, según fuentes internas, busca debilitar los soportes financieros de estos grupos armados ilegales, despojándolos de sus activos más valiosos y, al mismo tiempo, avanzar en la justicia restaurativa para las víctimas. La batalla por la legalidad, por la paz y por el reconocimiento de la verdad continúa.