Kinsasa, nueva parada para migrantes expulsados de ee.uu.
Un acuerdo entre Estados Unidos y la República Democrática del Congo (RDC) ha abierto una controvertida puerta: la deportación de migrantes de terceros países a territorio congoleño. La noticia, adelantada por EFE, ha sacudido a organizaciones de derechos humanos y plantea serias interrogantes sobre la gestión de fronteras y la protección de los derechos de los solicitantes de asilo.
Un 'dispositivo temporal', ¿o una externalización encubierta?
Según el Ministerio de Comunicación congoleño, se tratará de un “dispositivo de acogida temporal”, diseñado para gestionar la llegada de migrantes deportados desde Estados Unidos. La intención, explican desde Kinsasa, es garantizar un “seguimiento administrativo, de seguridad y humanitario eficaz” en instalaciones ubicadas en la capital, Kinshasa. Pero la redacción cuidadosa de la nota oficial —que se esfuerza en negar que se trate de un “mecanismo de reubicación permanente” o una “externalización de políticas migratorias”— no disipa todas las sospechas. ¿Es este acuerdo una solución pragmática o un intento de eludir las responsabilidades migratorias de Washington?
La logística de las deportaciones correrá a cargo del gobierno estadounidense, que se encargará de los “movimientos de personas en todo el mundo”. Lo que sí ha asegurado Kinsasa es que el Tesoro Público congoleño no asumirá ningún coste financiero. Pero la ausencia de detalles sobre el perfil de los migrantes deportados, sus destinos específicos dentro de la RDC y las garantías de protección ante posibles riesgos, genera preocupación.
Un contexto turbulento: El acuerdo ha surgido en un momento de acercamiento entre Estados Unidos y la RDC, impulsado por la necesidad de estabilizar la región y frenar el conflicto en las provincias orientales, donde el ejército congoleño se enfrenta al rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), con presuntos vínculos con Ruanda. La inestabilidad crónica del este del país, marcado por décadas de conflicto y la presencia de múltiples milicias, convierte a la RDC en un escenario particularmente vulnerable para la recepción de migrantes.
Las negociaciones se producen apenas unos meses después de que la Corte Suprema de EE.UU. autorizara a Trump a efectuar estas expulsiones, un golpe a las políticas migratorias más laxas. Desde su retorno a la Casa Blanca, el presidente ha impulsado un programa de expulsiones exprés, firmando acuerdos con países como El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial. La cifra de Washington de 40 millones de dólares gastados en deportar a 300 inmigrantes a terceros países en el último año, según un informe demócrata del Senado, dibuja una imagen preocupante de la escalada de esta política.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que estos acuerdos exponen a cientos de personas a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y devolución forzada a países donde podrían sufrir persecución o tortura. La pregunta que queda en el aire es si la RDC, atrapada en sus propios desafíos internos, podrá garantizar la seguridad y el respeto a los derechos de aquellos a quienes ahora acoge.
El riesgo es evidente: transformar a la RDC en un mero patio de recreo para las políticas migratorias de otros países. La historia nos enseña que estas externalizaciones rara vez terminan bien para los más vulnerables. El tiempo dirá si Kinsasa logra mantener el control de la situación y evitar una nueva tragedia humanitaria.