Israel debate ley de pena de muerte para 'terroristas'; repercusiones legales y políticas
Jerusalén enfrenta un debate crucial: la Knesset podría aprobar esta semana una ley que establece la pena de muerte para individuos etiquetados como 'terroristas'. La medida, promovida por el partido Poder Judío, ha desatado una ola de críticas a nivel internacional, acusándola de discriminación racial y flagrantes violaciones del derecho internacional.
La propuesta, que resurge tras meses de deliberaciones, busca aplicar la pena capital a quienes sean condenados por asesinato bajo la definición de 'terrorismo' utilizada por Israel. El proyecto de ley, originalmente aprobado en primera lectura en noviembre de 2023, se encuentra en la etapa final de aprobación, coincidiendo con la discusión del presupuesto general de 2026. Las tensiones internas dentro del gobierno de Benjamin Netanyahu agudizan el contexto político.
Aplicación diferenciada y cuestionamientos legales
La abogada Miriam Azem, del centro legal palestino Adalah, advierte sobre la aplicación selectiva de la ley. Según la normativa, los palestinos en Cisjordania, sujetos a la ley militar israelí, enfrentarían la pena de muerte en tribunales militares. En cambio, los ciudadanos israelíes, incluyendo colonos, estarían regidos por el sistema penal ordinario. La única excepción para los israelíes sería si el asesinato se cometiera con la intención de negar la existencia del Estado de Israel, una condición que, según Azem, busca evitar que la ley afecte a la población judía.
Expertos de la ONU han denunciado que la ley contiene “muchos niveles de ilegalidad”, al otorgar a los tribunales la facultad de determinar la pena, eliminando la discrecionalidad judicial y procesal. Además, critican las definiciones “vagas y excesivamente amplias” de 'delitos terroristas', que podrían abarcar conductas que no constituyen actos terroristas genuinos. La ONU considera que los juicios militares de palestinos ya están sujetos a violaciones del debido proceso, por lo que cualquier ejecución sería un flagrante incumplimiento de la ley internacional.
El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, ha instado al gobierno israelí a retirar la ley, argumentando que la pena de muerte no tiene cabida en la justicia moderna. La ley, según Azem, es inherentemente racista, diseñada para proteger a los ciudadanos israelíes de la aplicación de la pena capital, y contradice la tendencia global hacia su abolición. La ejecución, si se aprueba, se llevaría a cabo por ahorcamiento dentro de los 90 días posteriores a la sentencia, con la identidad del ejecutor mantenida en secreto.
La aprobación final de la ley depende de obtener una mayoría de votos en el plenario de la Knesset. Si se aprueba en las tres lecturas, la ley entrará en vigor, marcando un capítulo oscuro en la historia legal de Israel y profundizando las divisiones en la región. La medida, más que una solución, representa una escalada de violencia que difícilmente traerá paz.