Irán ejecuta a opositores: la represión se recrudece
Teherán ha amanecido hoy con la noticia de dos ejecuciones más, un escalón más en la creciente represión que asfixia a la disidencia en Irán. Abolhasan Montazer y Vahid Bani Amerian, miembros de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), han sido ahorcados, confirmando las temores de una escalada en la violencia estatal contra quienes desafían al régimen.
La condena: ¿justicia o represalia política?
La Corte Suprema iraní ratificó las condenas por cargos que, según la versión oficial, incluyen la participación en “varios actos y explosiones terroristas” en Teherán. La agencia semioficial Tasnim, portavoz del gobierno, ha difundido imágenes y testimonios que, según afirman, vinculan a los condenados con la MEK y con la planificación de estos ataques. Pero, ¿es esta narrativa más que una justificación para silenciar a un grupo opositor históricamente relevante?
La investigación judicial, según fuentes cercanas al caso, encontró supuestos “artículos relacionados con estas operaciones” en las viviendas de los acusados. Un argumento frágil, cuando se considera el historial de ejecuciones sumarias y juicios sin garantías procesales que caracterizan al sistema judicial iraní. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado la falta de acceso a abogados independientes y la obtención de confesiones bajo tortura, prácticas lamentablemente comunes en el país.
La MEK, un grupo con una larga trayectoria de conflicto con el régimen, ha condenado con vehemencia las ejecuciones, calificándolas de “crímenes de lesa humanidad” y acusando al gobierno de Teherán de utilizar el sistema judicial como herramienta de represión política. La organización, que ha sido considerada terrorista por Irán (y por Estados Unidos, aunque este último ha eliminado esa etiqueta), lucha por la instauración de un sistema democrático en Irán y ha sido acusada en el pasado de actos violentos, aunque las evidencias son, en muchos casos, controvertidas.
El ahorcamiento de Montazer y Bani Amerian no es un incidente aislado. En los últimos meses, hemos sido testigos de un aumento alarmante en el número de ejecuciones en Irán, especialmente por delitos relacionados con la droga y, cada vez más, por cargos de “delitos contra la seguridad nacional”. Esta escalada de violencia, que se produce en un contexto de creciente tensión regional, plantea serias dudas sobre el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho en la República Islámica. La cifra habla por sí sola: desde principios de año, más de 70 personas han sido ejecutadas en Irán, una estadística que pone en entredicho las promesas de reforma que, de vez en cuando, resuenan en Teherán.