Irán ejecuta a dos más: la represión se intensifica
Teherán ha intensificado su respuesta a las protestas antigubernamentales con la ejecución de dos individuos más, acusados de ser “agentes enemigos” implicados en un ataque a una instalación militar. La escalada de violencia, que ya ha dejado un saldo de más de 3.000 muertos según fuentes independientes, pone de manifiesto la determinación del régimen iraní de silenciar cualquier forma de disidencia.
El macabro relato oficial: sabotaje y robo de armas
Mohammad Amin Biglari y Shahin Vahedparast, los últimos condenados a muerte, fueron acusados por las autoridades de participar en un ataque a una base militar en Teherán durante las protestas iniciadas en enero. Según la agencia de noticias Fars, controlada por el gobierno, ambos habrían llevado a cabo “actos de sabotaje” que causaron daños materiales e incluso incendios. Pero lo más inquietante de la acusación es la alegación de que intentaron robar armamento, con la supuesta intención de perpetrar una “masacre masiva”.
Las autoridades iraníes insisten en que durante esos disturbios, “algunos elementos enemigos” buscaron infiltrarse en infraestructuras sensibles, incluyendo comisarías, bases de la milicia Basij y otras instalaciones militares restringidas. La narrativa oficial pinta un escenario de terrorismo inminente desbaratado por las fuerzas de seguridad, pero la falta de transparencia y la opacidad del sistema judicial iraní generan serias dudas sobre la veracidad de estas acusaciones.
Lo que nadie cuenta es el contexto. La brutal represión de las protestas, que comenzaron tras la muerte de Mahsa Amini, ha sido denunciada por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, quienes han documentado casos de tortura, violencia sexual y ejecuciones sumarias. Los juicios contra los opositores se han llevado a cabo en un entorno de absoluta falta de garantías procesales, con acusaciones basadas en confesiones obtenidas bajo presión y sin acceso a una defensa legal independiente.
La ejecución de Biglari y Vahedparast, que se produce pocos días después de la ejecución de otros dos opositores con cargos similares, parece una clara advertencia a la población iraní y una estrategia para intimidar a cualquier posible disidente. La cifra habla por sí sola: al menos siete ejecuciones relacionadas con las protestas en las últimas semanas, un escalofriante recordatorio de la represión que vive el país.
Pero la realidad es que la represión no se limita a las ejecuciones. Miles de personas han sido arrestadas, y decenas de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos permanecen tras las rejas. La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para exigir al régimen iraní el respeto a los derechos humanos y la liberación de todos los presos políticos. La impunidad solo perpetuará el ciclo de violencia y represión.