Guatemala se lanza a la reforma judicial: 5.000 firmas y un referéndum en 2027
La iniciativa de Poder Ciudadano, que busca remodelar radicalmente el sistema de justicia guatemalteco, ha desatado un terremoto político y legal. La agrupación civil propone una transformación profunda, con más de 20 artículos de la Constitución en juego y un proceso de aprobación complejo, que exige la participación directa del electorado.
Un sistema judicial en crisis: el diagnóstico de poder ciudadano
La propuesta no es fruto de la improvisación. Poder Ciudadano argumenta que el modelo actual, basado en comisiones de postulación para jueces, es vulnerable a la corrupción y a la influencia de actores oscuros. El resultado es un sistema judicial plagado de irregularidades y carente de transparencia, lo que socava la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia.
El núcleo de la reforma reside en la eliminación de estas comisiones, sustituyéndolas por un Consejo Permanente de Administración Judicial. Este órgano, compuesto por siete miembros – uno designado por la Corte Suprema, tres provenientes de los tribunales de apelación y magistrados de primera instancia, y otros tres especialistas externos – se encargaría de la selección, permanencia y remoción de altos cargos judiciales, todo a través de sorteos públicos para evitar la manipulación.
Cambios estructurales: mandatos, cargos y remoción
La reforma también contempla modificaciones sustanciales en la duración de los mandatos judiciales. Los magistrados de la Corte Suprema y de Apelaciones verían alargados sus plazos a 12 años, con rotación por tercios cada cuatro años, mientras que la Corte Constitucional experimentaría una ampliación en su composición, pasando de cinco a 15 magistrados, con renovación parcial. Pero la modificación más llamativa se centra en la remoción de altos cargos. El proyecto introduce un régimen uniforme, similar al de la separación del cargo por condena penal o faltas graves, y requiere el voto de dos tercios del Congreso para su aplicación.
James Ortiz, especialista en derecho constitucional, subraya que esta medida busca “establecer un marco de seguridad jurídica y transparencia” en la remoción de magistrados, alejándose de la “presión política” que ha caracterizado el sistema hasta ahora. El Fiscal General también perdería la potestad de ser destituido por el presidente, sometiéndose al mismo régimen constitucional que los demás altos cargos.
La iniciativa, que podría incluirse como una sexta papeleta en las elecciones de 2027, se basa en la convocatoria a la ciudadanía a recoger al menos 5.000 firmas para presentar la propuesta al Congreso. El dirigente de Poder Ciudadano, Edgar Ortiz, ha anunciado la apertura de la recolección de firmas el 4 de julio. La reforma, una vez aprobada por el Congreso y ratificada por referéndum popular, representa un intento audaz de transformar el sistema judicial guatemalteco, una apuesta por la meritocracia y la participación ciudadana.