Estado al límite: presupuesto insuficiente amenaza al patrimonio cultural peruano

El Ministerio de Cultura ha reconocido con contundencia una realidad alarmante: el Estado peruano se enfrenta a una incapacidad estructural para preservar y gestionar adecuadamente más de 31.000 bienes culturales públicos. La cifra, 31.000 monumentos y sitios arqueológicos, se erige como un símbolo de la urgencia que requiere la situación.

Presupuesto insuficiente: la base de la crisis

El presupuesto asignado al sector Cultura en 2024, de 737,9 millones de soles, representa solo un 25% de las necesidades reales. De ese total, tan solo 190,4 millones se destinaron a inversiones, una cifra irrisoria que deja al patrimonio en un estado de vulnerabilidad extrema. “Las necesidades superan ampliamente los recursos disponibles,” advierte el Ministerio, dejando claro que la situación es crítica y no admite dilaciones.

Un modelo de gestión fragmentado y casuístico

La propuesta de reglamento del Decreto Legislativo N.° 1699 busca, precisamente, dotar de un marco normativo sólido para la participación privada en la gestión, conservación y servicios asociados a estos bienes. Sin embargo, la estrategia no implica una privatización, sino un complemento a la acción estatal, bajo la rectoría y supervisión permanente del Estado. ProInversión será la puerta de entrada para estas iniciativas, pero con condiciones estrictas y un control férreo.

App y proyectos en activos: dos enfoques para la gestión

El reglamento define dos mecanismos principales: las Asociaciones Público-Privadas (APP) y los Proyectos en Activos (PA). Las APP se aplicarán a proyectos complejos que requieren una gestión integral y continua, como la modernización de un museo estatal o la restauración de un monumento. Los PA, por su parte, se centrarán en el aprovechamiento compatible de un bien cultural, como la habilitación de espacios para actividades complementarias –cafeterías, tiendas de souvenirs–, siempre respetando su valor histórico y cultural. La innovación radica en la estandarización de los procesos, el diagnóstico obligatorio y el monitoreo constante, buscando “uniformizar, controlar y dar predictibilidad” a la gestión pública-privada.

Exclusión de los bienes de interés mundial

Un punto crucial es la exclusión explícita de los bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO de cualquier tipo de convenio de administración con privados. Machu Picchu, Kuélap y otros sitios emblemáticos permanecerán bajo el control absoluto del Estado, una decisión que refleja el compromiso con la preservación y la función social del patrimonio. Esta medida, según el Ministerio, reafirma la prioridad de la protección del patrimonio a nivel internacional.

Un cambio de paradigma: de la acción fragmentada a una política sustentable

La propuesta reglamentaria no modifica el régimen de protección ni autoriza la venta de bienes culturales. El objetivo es transformar la gestión patrimonial en un proceso continuo, sostenible y controlado, sumando las capacidades técnicas y financieras del sector privado bajo estrictas condiciones. Se busca pasar de una intervención aislada a una política pública articulada y de interés general, donde la inversión privada contribuya a la puesta en valor del patrimonio, pero sin comprometer su función social.

Conclusión: la preservación del patrimonio es un imperativo

La regulación propuesta representa un intento de abordar una brecha estructural, pero su éxito dependerá de la voluntad política y de la capacidad del Estado para implementar un modelo de gestión eficiente y transparente. La supervivencia del patrimonio cultural peruano, y su capacidad para enriquecer la identidad nacional, depende de ello. El tiempo se agota.