Espadaler busca más fiscales para cataluña: ¿suficiente para aliviar la presión?
Barcelona – La Generalitat de Cataluña intensifica su reclamación de recursos judiciales. Ramon Espadaler, conseller de Justicia, se reunirá con la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, la próxima semana para negociar una asignación de plazas de fiscales que, según fuentes gubernamentales, superaría la proporción poblacional habitual. Una jugada estratégica en un contexto de creciente saturación del sistema judicial catalán.
La cifra clave: un incremento por encima de la población
El encuentro, programado para el próximo jueves en Madrid, tiene como objetivo concretar el número de nuevas plazas que Cataluña debería recibir dentro del paquete de 200 previsto a nivel nacional. Espadaler evita adelantar cifras concretas, alegando que las conversaciones con la Fiscalía Superior de Cataluña están en curso, pero insiste en que la demanda no se limitará a una simple correlación con la población. La justificación es clara: un aumento sostenido de la carga de trabajo que, según el conseller, exige una respuesta proporcionalmente mayor.
Esta estrategia no es nueva. Tras el acuerdo con el Gobierno central para la creación de 91 plazas de jueces en Cataluña este año, y otras 90 en 2027, la Generalitat ya ha presentado enmiendas al real decreto gubernamental, alineándose con las propuestas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El conseller ha anunciado que se repetirá este procedimiento con la Fiscalía, buscando la colaboración activa de la Fiscalía Superior para introducir modificaciones.
Pero hay un detalle crucial: la situación en las cárceles catalanas agrava la necesidad de más recursos. En los últimos dos años, la población reclusa ha experimentado un incremento sostenido del 3%, alcanzando una ocupación del 91%. Para evitar la congestión, la Generalitat ha diseñado un plan de seguridad que incluye la creación de 250 nuevas plazas en la cárcel de Mas d'Enric, en el Catllar (Tarragona). Además, se exploran opciones para ampliar la capacidad en otras prisiones, aunque sin priorizar esta medida por el momento.
Paralelamente, y en colaboración con los Mossos d'Esquadra, se está implementando un plan para la instalación de inhibidores de drones en las cárceles, buscando contrarrestar el flujo de drogas y telefonía móvil. La formación práctica para el personal penitenciario también se está reforzando, en un esfuerzo por mejorar la seguridad y la eficiencia del sistema.
La presión sobre el sistema judicial catalán es palpable. La demanda de Espadaler no es solo una petición administrativa, sino una respuesta a la creciente demanda de justicia en una región que enfrenta desafíos complejos. La respuesta de la Fiscal General del Estado será determinante para aliviar la tensión en un sistema al límite.