El salvador: reforma constitucional busca ocultar muertes en el contexto del excepci.n
San Salvador – La polémica reforma constitucional aprobada por el Congreso salvadoreño, que habilita la pena de muerte perpetua, podría tener una sombra oscura: la ocultación de las muertes de personas fallecidas en prisiones durante el régimen de excepción. La abogada Ingrid Escobar, de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), advierte que la retroactividad de la medida podría ser una estrategia para encubrir la verdadera magnitud de las defunciones en el sistema carcelario.
Retroactividad y la sombra de las muertes en prisión
La reforma, aprobada por el Congreso, permite la pena de prisión perpetua para “homicidios, violadores y terroristas”, según el gobierno del presidente Nayib Bukele. Esta medida llega en un contexto de críticas internacionales por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción, implementado en marzo de 2022 para combatir a las pandillas. Un informe reciente de expertos concluyó que estas acciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad, lo que agrava la preocupación por la transparencia y la justicia.
Escobar señala que la Asamblea Legislativa deberá interpretar la reforma para aclarar cómo se aplicará retroactivamente. “Si la aplicación es retroactiva, el objetivo es ocultar las muertes que ya ocurrieron en el sistema carcelario”, afirma. Su organización ha documentado al menos 502 fallecimientos de personas en custodia estatal, pero estima que la cifra real podría superar los 2.000. La falta de visitas y las restricciones actuales dificultan la posibilidad de que los familiares puedan despedirse de sus seres queridos, perpetuando un sufrimiento adicional.
La abogada también critica la designación de “jueces sin rostro” en los juzgados contra el crimen organizado, quienes enfrentarán la difícil tarea de procesar a personas sin garantías de su vida. “Van a estar procesando gente sin estar seguros de que están vivos y, en el peor de los casos, condenando gente sin estar seguros de que están vivos”, advierte Escobar. El riesgo de condenas masivas de personas inocentes es alto, especialmente en un contexto de acusaciones y juicios sumarios.
El Congreso, dominado por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó la reforma con el apoyo de algunos diputados de la oposición. La medida se presenta como una herramienta para combatir la violencia, pero genera inquietud sobre la garantía de los derechos fundamentales y la rendición de cuentas. La prohibición de la prisión por deudas, las penas proscriptivas y cualquier tipo de tortura, incluidas en la reforma, son medidas que, en teoría, buscan fortalecer el sistema judicial. Sin embargo, la falta de salvaguardias y la opacidad en el proceso de justicia generan dudas sobre su efectividad.
La cifra habla por sí sola: más de 500 personas fallecidas en prisiones durante el régimen de excepción. Una cifra que, si se multiplica por dos, nos da una idea de la escala del problema. La verdadera pregunta no es si la pena perpetua es una solución, sino cómo se garantizará la justicia y la transparencia en un sistema que, según las críticas, está dejando a un lado los derechos humanos.
La reforma constitucional, aprobada a pocos días de cuatro años de régimen de excepción, plantea serias interrogantes sobre el futuro de la justicia en El Salvador. La posibilidad de ocultar muertes en prisión, la designación de jueces anónimos y la falta de garantías procesales amenazan la integridad del sistema judicial y la credibilidad del Estado. La sombra de la impunidad se cierne sobre el país.