El maíz salvadoreño en alerta: ¿especulación o acaparamiento amenaza la seguridad alimentaria?
El precio del maíz en El Salvador experimenta un alza inesperada, generando alarma entre los agricultores y levantando sospechas de prácticas especulativas por parte de comerciantes, a pesar de una cosecha abundante.
La mesa agropecuaria denuncia un aumento repentino de los precios, desafiando la producción nacional.
Según Mateo Rendón, coordinador de la Mesa Agropecuaria, la subida del precio del maíz, que pasó de 21 a 27 dólares el quintal en una semana, no se debe a la escasez, sino a una “reacción desfavorable” de los comerciantes. Esta situación contrasta con una cosecha cercana a los 18 millones de quintales durante el ciclo agrícola 2025-2026, suficiente para cubrir las necesidades nacionales de tortillas, pupusas y alimentación animal.
Rendón señala que los comerciantes dejaron de adquirir el grano en las zonas productoras, lo que ha provocado que algunos agricultores tengan maíz almacenado sin compradores. “No han llegado los comerciantes a los territorios como otros años”, explica Rendón, evidenciando una ruptura en la cadena de comercialización.
El gobierno salvadoreño respondió interviniendo el mercado con la apertura de puntos de venta de maíz a precio preferencial, fijado en 22 dólares el quintal, mientras que los comerciantes lo ofrecían hasta en 28 dólares. Esta acción busca frenar las prácticas especulativas y estabilizar el costo del grano.
Pero la preocupación no se limita al maíz. Rendón advierte que situaciones similares se han repetido con el frijol, con precios elevados en supermercados a pesar de la existencia de grandes volúmenes almacenados en cooperativas locales. La cooperativa La Maroma y Nueva Esperanza, por ejemplo, tienen cerca de 2.500 quintales de frijol blanco sin compradores, mientras que la libra se vende a 2,50 dólares en los supermercados.
La Mesa Agropecuaria cuestiona el modelo de libre mercado vigente, al considerar que permite este tipo de maniobras sin controles efectivos sobre insumos básicos como frijoles, arroz y maíz. “No puedes jugar con el hambre de la gente”, afirma Rendón. El gobierno ha sancionado a 35 empresas por acaparamiento de maíz, aunque no ha revelado sus nombres.
El problema, según Rendón, radica en que los productores no se benefician de los altos precios, ya que el incremento ocurre en las fases posteriores de la distribución. “Cuando nos los compran a nosotros, nos los compran a dieciocho, veinte, pero allá lo tienen a treinta. El productor ya no es parte de esa ganancia”, lamenta.
Más allá de la intervención gubernamental, la situación revela una profunda desconfianza en la transparencia y regulación de la cadena de comercialización de granos básicos. La persistencia de estas prácticas especulativas, a pesar de una producción nacional suficiente, pone de manifiesto una vulnerabilidad que amenaza la seguridad alimentaria del país.
La intervención del gobierno es una fotografía de un problema estructural. La verdadera pregunta es si las medidas paliativas serán suficientes para enfrentar la voracidad de un mercado que, a menudo, parece priorizar las ganancias sobre el sustento de los pequeños agricultores.