Drones armados: colombia refuerza su defensa contra amenazas aéreas
El Ministerio de Defensa de Colombia ha endurecido las medidas para contrarrestar el creciente uso de drones por parte de grupos armados ilegales, una táctica que ha escalado significativamente en el país durante el último año. La respuesta del gobierno, coordinada con ocho entidades estatales, busca frenar el flujo de estos dispositivos y desmantelar las capacidades de ataque de organizaciones como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.
Un aumento alarmante en ataques con drones
Los datos oficiales revelan un incremento preocupante: 195 incidentes relacionados con aeronaves no tripuladas empleadas con fines delictivos se registraron en 2025, afectando principalmente a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Estos ataques, a menudo con cargas explosivas, han transformado las tácticas de guerra de los grupos armados, exigiendo una respuesta contundente y adaptada a las nuevas realidades del conflicto.
La resolución 000242 de 2025, piedra angular de esta estrategia, impone la declaración anticipada de importación para drones y sus componentes, restringiendo su ingreso únicamente a los puertos de Cartagena y el Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Además, se ha prohibido la importación a través de tráfico postal y envíos urgentes, cerrando vías de acceso más rápidas y menos controladas.
Pero la respuesta colombiana va más allá de las restricciones a la importación. El Ejército Nacional de Colombia ha incautado recientemente un dron de alta tecnología valorado en más de 70 millones de pesos en la Ruta 40, Vichada, perteneciente al frente José Daniel Pérez Carrero del ELN, que se utilizaba para labores de seguimiento y se preparaba para lanzar explosivos contra la población civil. Este hallazgo subraya la sofisticación creciente del armamento en manos de estos grupos.
La estrategia del gobierno: cooperación y tecnología
El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha confirmado que el gobierno está evaluando soluciones tecnológicas ofrecidas por más de 40 empresas para el control de drones, con el objetivo de concretar un contrato en mayo. Esta iniciativa, que se inició en diciembre de 2025, busca dotar a las fuerzas de seguridad de herramientas efectivas para detectar y neutralizar las amenazas aéreas.
Sánchez también ha señalado un cambio significativo en la dinámica de estos grupos armados: mientras que sus fundadores se aferraban a ideologías políticas, los líderes actuales priorizan el narcotráfico y el poder. La minería ilegal, la extorsión, el secuestro y el contrabando son ahora las principales fuentes de financiación, lo que ha generado enfrentamientos internos por el control de rutas y recursos ilícitos, extendiéndose a disidencias de las FARC, fracciones del ELN y el Clan del Golfo.
La reciente operación en la Ruta 40, que además de la incautación del dron permitió la captura de un presunto miembro del ELN y el decomiso de material de intendencia de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, demuestra la determinación del gobierno colombiano de combatir la delincuencia organizada y proteger a la población civil. La presencia militar en la zona continúa reforzada para controlar el tráfico de narcóticos y restringir las actividades de estos grupos.
La cifra de 195 ataques con drones en 2025 no es solo un dato estadístico; es una advertencia clara de que Colombia enfrenta un desafío de seguridad inédito. La respuesta del gobierno, con su enfoque en la cooperación interinstitucional, la actualización normativa y la adopción de tecnologías de vanguardia, es el primer paso para garantizar la seguridad y la estabilidad del país.