Desbloqueada la ley de la saharaui: un olvido de décadas y la controversia de la regularización
Tras más de un año de silencio, la propuesta de ley de Sumar para otorgar la nacionalidad española a los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1976, bajo la administración española, ha resurgido gracias al reciente paquete de regularización de migrantes del Gobierno. Un giro inesperado que pone de manifiesto una profunda frustración y una demanda histórica por parte de la comunidad saharaui.
Un olvido ponderoso: la historia de un derecho negado
El diputado de IU, Enrique Santiago, no duda en calificarlo de «discriminación» y «enfadar mucho» la exclusión de estos individuos en el proceso de regularización. Más allá de la justificación oficial, la iniciativa, ya enmarcada en la legislatura anterior, había sido relegada a un segundo plano, un descuido que, según Santiago, ha sido impulsado por el ‘volantazo’ de Pedro Sánchez en 2022, al respaldar los planes autonomistas de Marruecos para la excolonia. Un cambio de rumbo que, irónicamente, ha reavivado una batalla judicial y política de larga data.
La situación es especialmente dramática: un saharaui, descendiente de españoles, debe esperar hasta los 16 o 20 años para siquiera iniciar el trámite de nacionalidad, sumando a ello los tres o cuatro años necesarios para obtener el estatuto de apátrida y los cuatro adicionales que suelen requerir las autoridades para dar una respuesta a su solicitud. Un embrollo burocrático que pone de manifiesto una disparidad flagrante con situaciones similares en Latinoamérica, donde la obtención de la nacionalidad es un proceso mucho más expedito.
La regularización: una cortina de humo
Si bien la reciente regularización de migrantes ha abierto una puerta, la iniciativa de Sumar se ve perjudicada por la exclusión de los solicitantes de asilo y apatridia, un hecho que Santiago denuncia como una «discriminación total». La ley, definida como un «acto de reparación», busca agilizar los plazos, pero la realidad es que la nueva regularización ha dejado de lado a las personas en situación más vulnerable, reafirmando un patrón de exclusión que cuestiona la eficacia del proceso.
Tesh Sidi, diputada saharaui y nieta de acogida en España, recalcó la injusticia de un sistema que exige décadas para obtener la nacionalidad, en contraposición a los latinoamericanos, que pueden iniciar el proceso en cuestión de años. “La Constitución dice que todo hijo de español es español”, exclama Sidi, denunciando una contradicción flagrante que exige una solución inmediata. La dirigente de Sumar asegura que buscará el máximo consenso con todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, que ha mostrado su oposición a la iniciativa.
Un acuerdo a la vista, pero con reservas
A pesar de las diferencias, Santiago muestra optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo, con sies y abstenciones, para corregir esta «discriminación histórica». La convocatoria de la ponencia de la ley, que se celebrará el próximo martes, se prevé que permita la aprobación del informe en la comisión de Justicia y, eventualmente, la votación en el pleno del Congreso antes del verano. Pero la dirigente de Sumar advierte que no se puede celebrar la desbloqueo, ya que la aprobación final requiere un debate profundo y la superación de posibles enmiendas, como la que propone la supresión de la norma por parte del grupo popular.
El impacto de la ley afectará a alrededor de 15.000 menores saharauis de acogida, y, según Santiago, representa un «acto de reparación» y un «desahogo» para una comunidad que ha soportado décadas de espera y exclusión. El «volantazo» de Sánchez, la exclusión de la regularización y la persistente discriminación han impulsado esta iniciativa, que ahora se presenta como una oportunidad para revertir un injusto pasado y garantizar el reconocimiento de un derecho histórico.