Custodia en león: la justicia niega pensión, vivienda y custodia compartida a daniel
La Audiencia Provincial de León mantiene la custodia exclusiva de los hijos de Daniel, rechazando sus peticiones de pensión, uso de la vivienda familiar y custodia compartida tras la ruptura con su pareja, Benita.
Conflicto parental: el factor determinante
Daniel había solicitado modificar las medidas de custodia, argumentando que un informe psicosocial revelaba un alto nivel de conflicto y falta de comunicación entre él y Benita, lo que afectaba al bienestar de los menores. La petición incluyó la contratación de un detective privado para demostrar supuestas infidelidades de Benita, pero los informes presentados no fueron suficientes para convencer al tribunal.
El informe psicosocial, elaborado en marzo de 2025, fue clave. Los especialistas señalaron que la ausencia de un clima de colaboración entre los progenitores impedía la toma de decisiones conjuntas sobre la educación y la salud de los hijos, retrasando incluso la intervención terapéutica necesaria para uno de ellos. La resolución judicial, que desestima todos los argumentos de Daniel, confirma la sentencia de primera instancia dictada en mayo de 2025.
La solicitud de extinguir el uso de la vivienda familiar por parte de Benita, basada en los informes del detective privado, fue rechazada. El tribunal consideró que los informes no ofrecían pruebas concluyentes de que Benita conviviera con un tercero desde 2022. La falta de pruebas sólidas dejó sin efecto esta petición.
El recorrido judicial comenzó en 2024 con la demanda de modificación de medidas presentada por Daniel. La Audiencia Provincial de León, tras examinar la apelación, confirma la decisión inicial, desestimando la solicitud de custodia compartida y la pensión alimenticia. La resolución no implica costes para ninguna de las partes y devuelve el depósito para recurrir.
La sentencia es susceptible de recurso de casación y recurso extraordinario por infracción procesal ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, con un plazo de veinte días desde la notificación. Un caso que pone de manifiesto la complejidad de las relaciones post-ruptura y la priorización del bienestar infantil, incluso cuando la justicia se enfrenta a la dificultad de probar la realidad de los hechos.