Crisis institucional en venezuela: presos políticos exigen independencia en fiscalías y defensoría
Caracas se enfrenta a una encrucijada institucional. La ONG Foro Penal, principal defensoría de los presos políticos en Venezuela, ha lanzado una advertencia contundente: la reconstrucción del país exige instituciones judiciales independientes y libres de injerencias políticas.
La amnistía, una oportunidad con sombras
Alfredo Romero, director de Foro Penal, diagnóstico claro: Venezuela atraviesa una “profunda crisis institucional”. Si bien la reciente Ley de Amnistía, aprobada en febrero, abrió una puerta a la liberación de 673 presos, la organización advierte que esta medida no es suficiente para revertir la persecución política sistemática.
El anuncio de la renovación de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, tras la renuncia de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ha generado expectativas. La Asamblea Nacional ha iniciado un proceso de postulaciones, pero el verdadero desafío reside en garantizar que los nuevos titulares actúen con independencia y no bajo órdenes políticas.
“La Fiscalía tiene el monopolio de la acción penal”, enfatizó Romero. “Puede cerrar o archivar causas no incluidas en la amnistía, y abrir investigaciones por violaciones a los derechos humanos”. Esta capacidad representa un poder significativo, susceptible de ser utilizado para perpetuar la persecución.
Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, subraya la necesidad de una Defensoría del Pueblo que actúe como un “contrapeso incómodo” para el poder, defendiendo efectivamente los derechos de los ciudadanos. “El reto es demostrar si existe un ánimo de reconstruir el país desde la verdad, las normas y el respeto a la Constitución, o si se seguirá otorgando cargos por lealtad política”.
Desde el 8 de enero, se han liberado 673 presos, una cifra que incluye tanto excarcelaciones amnistías como aquellas realizadas bajo la ley. Sin embargo, 508 personas permanecen aún en prisión, y la organización continúa recibiendo denuncias de detenciones arbitrarias. “Muchos casos son antiguos, y las personas no los habían reportado por temor a represalias”, explica Romero. La cifra total podría aumentar a medida que más personas busquen orientación sobre el proceso de amnistía.
La captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada han añadido complejidad al panorama político. El Parlamento ha informado que 7.727 personas se han beneficiado de la Ley de Amnistía, con 253 liberados y 7.474 con medidas cautelares. Pero la reconciliación nacional dista de estar alcanzada.
Foro Penal no se conforma con la liberación de presos. La organización exige una investigación exhaustiva de los casos pendientes y la garantía de que las instituciones judiciales sean verdaderamente independientes. La cifra habla por sí sola: 508 personas aún esperan justicia.
La verdadera prueba estará en cómo se gestione este proceso. La independencia judicial no es una opción, sino la única vía para evitar que la amnistía se convierta en una herramienta de impunidad.