Corte suprema: ¿legitimidad en juego con el reglamento de jueces y el hijo de rosatti?
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una movida que ha encendido las alarmas sobre la independencia judicial, presentó un nuevo Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados. El documento, impulsado por los ministros Lorenzetti y Rosenkrantz, promete mayor transparencia y trazabilidad en el proceso de designación de jueces, pero su presentación se ve ensombrecida por un hecho que podría erosionar la confianza pública: la designación del hijo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, como juez federal en Santa Fe, apenas horas antes de la presentación del reglamento.
Un reglamento para blindar el proceso. ¿o para legitimar excepciones?
El Proyecto de Reglamento, de 54 páginas, busca desvincular las designaciones judiciales de las fluctuaciones políticas, un objetivo loable en un país donde la politización de la Justicia ha sido una constante. Propone la implementación de un legajo digital único y auditable, así como un sistema de calificación de antecedentes rigurosamente tabulado. En esencia, se trata de intentar dotar de mayor objetividad a un proceso históricamente marcado por la discrecionalidad.
Los ministros Lorenzetti y Rosenkrantz, defensores acérrimos de la iniciativa, argumentaron que la necesidad de esta reforma es imperiosa, un “déficit estructural” que ha sido clamado por diversos actores del ámbito judicial. “La discrecionalidad es el tema central. Se trata de evitar que la selección de jueces y juezas sea algo arbitrario, oscuro, que responda a intereses poco claros”, enfatizó Lorenzetti, reflejando una preocupación compartida.
Sin embargo, la sombra del nepotismo se cierne sobre este esfuerzo. Mientras la Corte se esforzaba por proyectar una imagen de transparencia, trascendió que el presidente, Horacio Rosatti, había enviado al Senado la designación de su hijo, Emilio Rosatti, para ocupar un cargo de juez federal. Lo más llamativo es que, según fuentes periodísticas, Emilio Rosatti no obtuvo la mejor puntuación en los exámenes ni fue evaluado positivamente por sus antecedentes profesionales, sino que ascendió en la evaluación tras las entrevistas personales.
La consejera Jimena de la Torre, aunque reconoció que el reglamento “no estamos garantizando que lleguen los mejores”, defendió la necesidad de avanzar con la aprobación del mismo, buscando mejoras futuras. Pero la pregunta persiste: ¿Cómo se puede defender la legitimidad de un proceso de selección que, en su aplicación inicial, parece favorecer a un candidato por lazos familiares?
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se comprometió a enviar pliegos de jueces al Senado, una promesa que, en el contexto actual, adquiere un matiz preocupante. La rapidez con la que se procesó la designación del hijo del presidente de la Corte plantea interrogantes sobre la independencia del Poder Judicial y su capacidad para resistir presiones políticas.
La propuesta de Rosenkrantz y Lorenzetti, aunque valiosa en su intención de depurar el proceso de selección, corre el riesgo de ser percibida como un intento de legitimar excepciones que, en última instancia, socavan la credibilidad de la Justicia. Fortalecer la confianza pública en la imparcialidad y la objetividad de los tribunales es un imperativo para cualquier democracia. En este caso, los atajos y las apariencias solo servirán para profundizar la desconfianza y erosionar los cimientos del Estado de Derecho.
La estabilidad jurídica de la nación, y con ella la vida cotidiana de todos los ciudadanos, depende de ello.