Controversias del nuevo líder penitenciario: sanción por traslados irregulares y denuncia por violencia
Jorge Cotos Ochoa, el recién designado presidente del Consejo Nacional Penitenciario (INPE), se enfrenta a un pasado turbio. Un informe de Canal N revela que en 2008 fue sancionado por autorizar traslados irregulares de reclusos condenados por delitos graves, además de enfrentar una denuncia por violencia psicológica presentada por su esposa.
Un historial de irregularidades en el sistema penitenciario
El funcionario, con más de tres décadas de trayectoria en el ámbito carcelario, fue separado provisionalmente en 2008 cuando ejercía como director regional de Lima del INPE. La decisión se tomó tras constatar que permitió la liberación de internos sentenciados por robo agravado y secuestro, utilizando documentos judiciales falsificados. El Tribunal de Servicio Civil de Servir confirmó su responsabilidad administrativa en 2014, reduciendo inicialmente una suspensión de 20 días a una amonestación escrita.
Pero las controversias no terminan ahí. El INPE autorizó, en 2019 y enero de 2026, el uso de fondos públicos para financiar la defensa legal de Cotos Ochoa en procesos por abuso de autoridad. Una inversión que cuestiona la gestión de recursos públicos en casos directamente relacionados con la función del funcionario.
La designación de Cotos Ochoa, oficializada mediante la Resolución Suprema N.º 054-2026-JUS, llega en un contexto de profunda reestructuración del sistema penitenciario. El mandatario interino José María Balcázar anunció una reforma que culminará en la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), absorbido el INPE. La medida busca corregir 'deficiencias administrativas críticas' y mejorar la seguridad pública, pero no está exenta de resistencias.
El antecesor de Balcázar, José Jerí, alertó sobre la necesidad de modificar estructuras y enfrentar intereses particulares que han obstaculizado la rehabilitación. La reforma, que afectará a entidades como el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (Pronapres), representa un cambio profundo.
Cotos Ochoa, licenciado en psicología, ha ocupado diversos cargos dentro del INPE, incluyendo la dirección del penal del Callao y la participación en la elaboración del Código de Ejecución Penal. Su trayectoria, sin embargo, está empañada por estos incidentes legales. La denuncia de 2016 por violencia psicológica, presentada por su esposa, permanece envuelta en secreto. La elección de un hombre con un pasado cuestionado para liderar el INPE plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la integridad en el sistema penitenciario peruano.
La reforma del INPE, impulsada por la necesidad de abordar graves deficiencias, podría reconfigurar el panorama de la justicia penal en el país. Sin embargo, la designación de Cotos Ochoa, con su historial de controversias, introduce una incertidumbre palpable en este proceso de transformación.