Colombia: la salud, una carrera contra el tiempo para millones
La promesa de un sistema de salud accesible y eficiente se desmorona para el 90% de los pacientes colombianos, atrapados en una espera angustiante por medicamentos esenciales. Un informe escalofriante de la Defensoría del Pueblo, presentado en plena campaña presidencial, revela una crisis estructural que amenaza la vida de millones y pone en entredicho el compromiso de los aspirantes a la presidencia con el bienestar de la nación.
La espera que mata: un derecho en peligro
La Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín Ortiz, ha lanzado una alerta urgente: la adquisición de fármacos para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y cáncer se ha convertido en una odisea. En algunos territorios, la espera se extiende hasta seis meses, un tiempo que puede ser letal para quienes dependen de estos tratamientos. No se trata de un caso aislado; las cifras de la Superintendencia Nacional de Salud y los testimonios recogidos en terreno confirman la magnitud del problema.
El sistema legal, agobiado por la situación, se desborda. En 2025, se registraron más de 1,2 millones de tutelas relacionadas con fallas en la prestación de servicios de salud, un aumento del 25% con respecto al año anterior. La tendencia es alarmante: entre 2024 y 2025, estas acciones judiciales crecieron un 34%, reflejo de la desesperación ciudadana ante la inacción.
“No se trata solo de cifras; es una crisis estructural que exige decisiones de fondo”, enfatizó Marín Ortiz. La urgencia radica en adoptar medidas que garanticen el acceso oportuno y efectivo a la salud, responsabilizando a los actores privados que, paradójicamente, forman parte del sistema.
Educación y desigualdad: la raíz del problema
Pero la crisis sanitaria no opera en el vacío. El informe de la Defensoría la vincula con brechas históricas en otros ámbitos, especialmente en la educación. La falta de inversión pública en este sector amplifica la deserción escolar y perpetúa la desigualdad, dificultando el acceso a derechos básicos.
La inversión en salud en colombia se queda corta. Con solo el 5,6% del PIB destinado al sector, el país se sitúa por debajo del promedio regional del 6,5%, impactando directamente a cerca de 10 millones de personas en situación de pobreza extrema. La inseguridad alimentaria, que afecta al 35% de los hogares, agrava aún más la situación.
Además, la exclusión digital de comunidades indígenas y afrodescendientes limita su acceso a la información y a los servicios de salud, profundizando la brecha social. La violencia, presente en el 35% del país, con 402 municipios en alerta temprana, añade otra capa de complejidad a la crisis.
Paz y defensa institucional: pilares en riesgo
La Defensora del Pueblo insistió en que la paz va más allá de la dejación de las armas. Implica garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y, sobre todo, evitar la repetición de los hechos violentos. La sostenibilidad de mecanismos cruciales como la JEP, la UBPd y la Ley de Víctimas es fundamental.
Marín también hizo un llamado urgente a proteger la autonomía presupuestal de la Defensoría del Pueblo, garantizando los recursos necesarios para su funcionamiento. “Cuando no hay defensa pública al día, el sistema de justicia también se deteriora”, advirtió.
En esta coyuntura electoral, la ciudadanía observa con atención las propuestas de los candidatos. La salud no puede ser una promesa vacía; requiere un compromiso real con la inversión, la equidad y la justicia social. Millones de colombianos esperan, no solo un voto, sino un cambio tangible que les permita acceder a los medicamentos y la atención médica que necesitan para vivir con dignidad.