Castillo busca escamotaje de condena: onu desata la polémica
El expresidente peruano Pedro castillo ha solicitado al Poder Judicial la suspensión de su condena por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La medida, impulsada por un informe de la ONU que califica su detención como ‘arbitraria’, podría retrasar significativamente su encarcelamiento.
Un dictamen que desata la controversia
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) ha dictaminado que la privación de libertad del exmandatario, ocurrida tras el intento de destitución, fue “sin base legal” y “sin respetar su inmunidad”. Un veredicto que, lejos de ser vinculante, ha reabierto un debate sobre la legitimidad de las acciones del gobierno anterior.
La defensa de castillo, a través de un escrito que se presentará en las próximas horas a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, busca, de momento, la suspensión de la ejecución de la condena. Un movimiento estratégico que podría prolongar la batalla legal del exgobernante, quien enfrenta además una segunda acusación por presunta organización criminal.
La sentencia en juego: 11 años y 5 meses
El juez supremo aún no ha emitido un dictamen sobre las impugnaciones de castillo y otros implicados en el fallido golpe. El proceso, según fuentes judiciales, podría extenderse hasta el primer semestre de 2027, si los tribunales no conceden de inmediato la suspensión solicitada. La sentencia inicial, dictada en diciembre de 2025, establecía una pena de 11 años y 5 meses por conspiración para la rebelión.
Pero la historia no termina ahí. Castillo también se enfrenta a una segunda prisión preventiva, derivada de la investigación por liderar una organización criminal. Un paralelismo que complejiza aún más su situación legal. Y, crucialmente, el dictamen del GTDA no es vinculante. Dos expertos independientes – la abogada ucraniana Ganna Yudkivska y el jurista coreano Ethan Hee-Seok Shin – discreparon al considerar que la detención no era arbitraria, argumentando que el mensaje del 7 de diciembre constituyó un ejercicio de poder legítimo.
A través de su cuenta de X, Castillo ha exhortado a organismos internacionales y al sistema judicial peruano a “acatar de inmediato” el pronunciamiento de la ONU, denunciando una “persecución política”. Una declaración que, sin embargo, omite la existencia de la segunda acusación y la prisión preventiva relacionada con la presunta organización criminal. Un relato fragmentado, que refleja la complejidad de un caso que aún no ha encontrado un veredicto definitivo.