Bolivia: destrucción de fábricas y acusaciones de corrupción en la lucha contra el narcotráfico
Un operativo masivo desarticuló la semana pasada una red de producción de cocaína en Bolivia, pero la sombra de la corrupción se cierne sobre la operación. El Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas reportó la confiscación de 300 kilogramos de droga y la destrucción de varias fábricas, pero también la detención de dos oficiales policiales acusados de manipular drogas destinadas a la incineración, un hallazgo que pone en tela de juicio la integridad de las fuerzas de seguridad.
El plan “operación 200” y sus resultados
La “Operación 200: por nuestras familias, Bolivia y nuestro futuro”, desarrollada entre el 1 y el 3 de abril en cinco regiones clave del país –Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tarija y Beni–, arrojó un balance considerable: decomiso de más de 176 kilogramos de marihuana, cerca de 100 kilogramos de cocaína base, 21 kilogramos de clorhidrato de cocaína y más de 980 litros de droga líquida. En el Trópico de Cochabamba, foco tradicional de la producción de coca, se localizaron cuatro laboratorios de cocaína y se incineraron volúmenes importantes de insumos químicos: 2.000 litros de gasolina, ácido sulfúrico, carbonato de sodio y cemento. La magnitud de estos insumos sugiere un nivel de producción sofisticado y a gran escala.
La corrupción en la felcn: un golpe a la confianza
Pero la operación también reveló una preocupante fisura interna. Dos sargentos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) fueron sorprendidos alterando droga que debía ser incinerada en Cotoca, Santa Cruz. Ambos funcionarios enfrentan 180 días de detención preventiva, mientras se investiga la profundidad de su implicación y posibles cómplices. Este incidente, inevitablemente, erosiona la confianza pública en las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico.
El negocio de la coca: producción, erradicación y el desafío de equilibrio
Bolivia enfrenta un complejo equilibrio entre la legalidad de la hoja de coca – amparada por una ley de 2017 que permite 22.000 hectáreas de cultivo legal de las 40.000 existentes – y el flagrante auge del narcotráfico. El viceministro Ernesto Justiniano advierte que el país podría estar produciendo hasta 300 toneladas métricas de cocaína al año, una cifra que supera en cien toneladas las estimaciones de organismos internacionales. La erradicación ha sido, según Justiniano, lamentablemente insuficiente: solo 2.700 hectáreas destruidas el año pasado, frente a las 10.000 que se cultivan anualmente. El nuevo gobierno, liderado por Rodrigo Paz, ha prometido erradicar esas 10.000 hectáreas cada año, buscando un punto de equilibrio.
La sombra de morales y el peso del trópico de cochabamba
La baja erradicación registrada durante la gestión anterior, encabezada por Luis Arce, ha contribuido a la expansión del cultivo ilegal. La región del Trópico de Cochabamba, bastión político y sindical de Evo Morales, se revela como un punto crítico, con aproximadamente 15.000 hectáreas de coca, la mitad fuera del marco legal. Según estimaciones oficiales, alrededor del 92% de la hoja producida en esta región termina en mercados ilegales, consolidando su papel como principal fuente de cocaína del país. Un estudio de gobierno realizado en 2016 determinó que solo 14.700 hectáreas son necesarias para el consumo legal, lo que evidencia la magnitud del problema.
El gobierno de Paz ha anunciado un nuevo estudio, respaldado por la cooperación internacional, para obtener datos actualizados y financiar investigaciones sobre los factores de conversión de la hoja de coca en cocaína. La tarea es titánica: abordar la corrupción interna, frenar el cultivo ilegal y, al mismo tiempo, respetar las tradiciones y los usos ancestrales de la hoja de coca. La batalla contra el narcotráfico en Bolivia, lejos de haber terminado, entra en una nueva y desafiante fase.