Bache en la calle: mujer recibe más de 1.2 millones por caída judicial
Una mujer ha conseguido una indemnización millonaria tras sufrir una caída provocada por un bache no señalizado en una calle del Gran Buenos Aires. El caso, que ha generado controversia, pone de manifiesto la responsabilidad de las municipalidades en el mantenimiento de las vías públicas y el impacto devastador que pueden tener los defectos urbanísticos.
El juzgado contencioso administrativo condena al municipio
El fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n.° 2 de San Martín impone al municipio el pago de más de 1.2 millones de pesos. La resolución, basada en pruebas médicas y periciales, acredita la negligencia del ayuntamiento en la conservación de la calzada, dejando a la afectada con secuelas físicas y psicológicas de gran alcance.
La víctima, que sufrió una fractura de peroné y otras lesiones permanentes tras el accidente ocurrido en junio de 2020, reclamó una indemnización por los daños sufridos. El proceso, larguísimo y complejo, ha puesto de manifiesto la lentitud burocrática y la dificultad para obtener justicia en casos de este tipo. La municipalidad, lejos de reconocer su error, intentó desvirtuar la evidencia, argumentando la falta de autenticidad de las fotografías y la presunta negligencia de la demandante. Un argumento fácilmente desestimado por el tribunal, que valoró la declaración de un testigo y el informe pericial mecánico, el cual revelaba la existencia de un hundimiento de 20 centímetros en la calzada.
La indemnización, por tanto, abarca una amplia gama de conceptos: desde la incapacidad física parcial y permanente –un 11% según el informe médico– hasta el daño moral, el daño psicológico y los gastos médicos y de rehabilitación. Un coste significativo, sin duda, pero que no compensa el dolor y la frustración de una vida truncada por la irresponsabilidad de las autoridades.
Más allá de la cuota: la recuperación física y psicológica
Tras la caída, la mujer necesitó ser trasladada a un hospital, donde recibió curaciones iniciales y fue enyesada. La intervención quirúrgica y el proceso de rehabilitación, que requirió varios meses de inmovilización y fisioterapia, marcaron un punto de inflexión en su vida. El informe psicológico revela un trastorno adaptativo mixto, con síntomas de ansiedad y depresión, que ha impactado negativamente en su vida laboral, social y afectiva. Una situación que, lejos de ser un simple accidente, se ha convertido en una pesadilla constante.
La sentencia, que ha sido accedida por Infobae, subraya la obligación ineludible de las municipalidades de garantizar la seguridad de las calles y aceras. Un deber constitucional y legal que, en este caso, ha quedado patente con la condena impuesta al municipio. Un precedente importante que podría inspirar a otras víctimas a defender sus derechos y exigir responsabilidades a las autoridades.
La resolución fija un plazo de sesenta días para que la municipalidad ejecute el pago de la indemnización, incluyendo los intereses devengados. El resto, como es habitual, se diluirá en la burocracia y la letra muerta. Pero la victoria de la mujer, a pesar de todo, es un mensaje claro: la justicia, aunque lenta, puede llegar hasta donde el ciudadano se niega a rendirse.