Alquiler seguro: la justicia rechaza su defensa y confirma sanción millonaria
El Ministerio de Derechos Sociales ha asestado un golpe definitivo a alquiler Seguro, confirmando la sanción de 3,6 millones de euros por prácticas abusivas contra inquilinos. La empresa inmobiliaria, que ya había recurrido la medida, se enfrenta ahora a la firmeza de la resolución, avalada por el propio ministro Pablo Bustinduy, y se prepara para emprender una vía judicial.
La empresa arguye injusticia, el ministerio confirma la multa
Desde alquiler Seguro insisten en que la resolución es “injusta y arbitraria”, argumentando que los servicios prestados son legales y respaldados por cuatro sentencias judiciales favorables. Sin embargo, el Ministerio ha desestimado el recurso de la empresa, agotando la vía administrativa y ratificando las conclusiones del expediente sancionador.
La raíz del problema se remonta a denuncias presentadas por organizaciones de consumidores como Facua, el Sindicato de Inquilinos y la OCU, que pusieron en la mira a la inmobiliaria por una serie de prácticas consideradas irregulares. El ministerio ha determinado que alquiler Seguro incurrió en seis infracciones muy graves y una grave, aprovechando su posición de predominio en el mercado para vulnerar los derechos de los consumidores.
¿Qué prácticas han levantado la alarma? La imposición de costes al arrendatario que corresponden al propietario, como el pago de un servicio de atención al inquilino o la contratación obligatoria de un seguro de hogar, son solo algunos ejemplos. Asimismo, se ha penalizado la inclusión de cláusulas que permitían fichar a los inquilinos en morosos sin deudas exigibles y la limitación del derecho de desistimiento en determinados contratos. La cifra habla por sí sola: una multa de un millón de euros, otra de 990.900 euros, y tres de 500.000 euros, componen la cuantía total.
Ahora, alquiler Seguro deberá eliminar las cláusulas consideradas abusivas, corregir los incumplimientos detectados y hacer pública la sanción. Paralelamente, la empresa se prepara para impugnar la resolución en los tribunales, abriendo un nuevo capítulo en este contencioso que pone de manifiesto la necesidad de una mayor protección para los inquilinos frente a las prácticas abusivas de las inmobiliarias. Pero lo que no se ha visto hasta ahora es una intervención tan contundente por parte de las autoridades, que marca un precedente importante en la defensa de los derechos del consumidor.
Una investigación en curso agrava la situación
La sanción actual se suma a otra investigación en curso por hechos similares, lo que podría acarrear nuevas consecuencias para alquiler Seguro. La batalla legal está lejos de terminar, y la resolución del Ministerio de Derechos Sociales ha puesto a la empresa en el punto de mira de los consumidores y las organizaciones de defensa de los derechos.