Agricultura de carbono en españa: ¿la especulación amenaza los campos?
La agricultura de carbono en España se enfrenta a un nuevo desafío. El nuevo Reglamento (UE) 2024/3012, que introduce un marco europeo para la certificación de absorciones de carbono en suelos, podría abrir la puerta a la entrada de capitales especulativos y poner en riesgo el modelo de agricultura tradicional.
Coag alerta: dos años para evitar que wall street se apodere del carbono español
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) advierte que el auge del mercado de créditos de carbono, sin suficientes salvaguardias, podría transformar la tierra en un activo financiero. ¿El resultado? Presión sobre los precios de la tierra, dificultad para el relevo generacional y un impacto directo en la producción alimentaria.
El informe de COAG revela que los créditos agrícolas en el mercado voluntario español oscilan entre 15 y 35 euros por tonelada de CO₂, una cifra significativamente inferior a la francesa, que alcanza los 30 y 40 euros por tonelada. Esta diferencia, aunque aparentemente pequeña, se traduce en una ventaja para los inversores extranjeros.
La preocupación de los agricultores no es infundada. Fondos de inversión, atraídos por el potencial de los créditos de carbono y las ayudas de la PAC, podrían adquirir tierras con el único objetivo de generar ingresos, relegando la agricultura a un segundo plano. Un fenómeno similar se ha observado en el mercado inmobiliario, con consecuencias devastadoras para la vivienda social.
La falta de un mecanismo público de certificación, la fragmentación administrativa y la ausencia de transparencia multiplican la vulnerabilidad de la tierra agrícola española. COAG exige mayor control y trazabilidad para evitar una financiarización nociva del campo.
Para frenar esta situación, la organización propone medidas concretas: condicionar el acceso a la certificación de carbono a la figura del agricultor activo, vincular las actividades de carbono a la producción alimentaria real, impulsar la certificación colectiva para pequeños propietarios y establecer un marco de protección para los contratos entre agricultores y plataformas de certificación.
La creación de una autoridad nacional de coordinación, la aplicación de pagos por resultados climáticos complementarios a los eco-esquemas de la PAC y la protección contra eventos climáticos extremos son otras demandas clave. La urgencia es palpable: la agricultura familiar, que opera en explotaciones de unos 25 hectáreas, se ve especialmente amenazada por esta situación. La falta de regulación y la demora en la elaboración de metodologías de certificación solo agudizan la problemática.
El informe de COAG subraya que los contratos entre agricultores y plataformas de certificación deben estar sujetos a un marco de protección mínimo, prohibiendo cláusulas abusivas y asegurando la transparencia en la distribución de ingresos. La creación de un instrumento público de certificación de carbono, que canalice la oferta y la demanda bajo criterios de trazabilidad, se presenta como una alternativa para evitar la dependencia de estándares privados.
La realidad es clara: la agricultura en España se encuentra en una encrucijada. La decisión que se tome en los próximos dos años determinará si el campo español se convierte en un mero depósito de carbono para inversores o en un motor de producción alimentaria sostenible y socialmente responsable. La capacidad de respuesta del sector, y del gobierno, será la que defina el futuro de nuestros campos.
n