Acolgen desata la furia contra el gobierno: la ola invernal, 'previsible' y no 'extraordinaria'
La Asociación de Generadores Colombianos (Acolgen) ha lanzado una ofensiva legal sin precedentes contra el Gobierno, alegando que la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica por la ola invernal es un ejercicio de gestión, no de respuesta a una crisis real. El movimiento, presentado ante la Corte Constitucional, se basa en un análisis técnico y jurídico que desmonta el argumento de la ‘imprevisibilidad’ del fenómeno.
Un argumento jurídico irrefutable: la previsibilidad de los desastres
Acolgen argumenta que los eventos climáticos que motivaron la declaración no cumplen con los requisitos constitucionales. La asociación señala, con contundencia, que las entidades técnicas y la propia institucionalidad estatal habían advertido desde hace tiempo sobre la posibilidad de eventos de esta magnitud, dentro de los escenarios de variabilidad climática esperados. No se trata de un golpe de efecto, sino de una fría y dura realidad.
Pero la crítica no se detiene ahí. El gremio denuncia la falta de exhaustividad del Gobierno en la evaluación de las herramientas ordinarias disponibles. ¿Dónde quedaron la Ley 1523 de gestión del riesgo, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, o incluso los Planes de Ordenamiento Territorial? Acolgen señala que estas vías, completamente ignoradas, podrían haber mitigado, o al menos, gestionado adecuadamente la crisis.
Errores de valoración y la falta de preparación del estado
La acusación se extiende a la valoración de situaciones específicas, como el colapso de Hidroituango y la problemática del embalse de Urrá. Según Acolgen, el decreto presenta estas situaciones como críticas, mientras que informes oficiales las clasificaban en niveles de alerta inferiores. Un ‘error manifiesto de valoración’ que socava la credibilidad de la declaración de emergencia. La burocracia, en este caso, resulta más peligrosa que la tormenta.
Además, el gremio cuestiona la solidez de los argumentos fiscales del Gobierno, señalando que los problemas señalados no son ‘sobrevinientes’, sino situaciones conocidas previamente por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. La falta de transparencia y la manipulación de datos son, para Acolgen, una práctica inaceptable.
Solicitud urgente a la corte: suspensión inmediata del decreto
Ante esta situación, Acolgen ha solicitado a la Corte Constitucional la suspensión provisional del decreto, argumentando que su aplicación podría tener consecuencias irreversibles en el sector energético. La organización exige una revisión exhaustiva de la situación y la declaración de inexequibilidad total, o al menos parcial, de la norma. No podemos permitir que la inacción del Gobierno se traduzca en un daño irreparable.
El documento final de Acolgen deja claro un mensaje contundente: la falta de preparación del Estado frente a fenómenos previsibles no puede ser utilizada como excusa para declarar una emergencia. Es hora de asumir responsabilidades y poner en marcha las herramientas adecuadas para proteger a la sociedad y a la economía.