Ábalos, koldo y aldama: el 'caso mascarillas' llega a juicio
Madrid, 5 de abril. Dos años y medio después de la detención de Koldo García, el juicio por las presuntas comisiones ilegales en la adquisición de mascarillas durante la pandemia estalla hoy en el Tribunal Supremo. Un proceso que ya costó al exministro José Luis Ábalos su escaño y su libertad, y que ahora podría sentarle en el banquillo con una petición de condena de hasta 24 años.
Un doble juicio, un mismo día
La jornada judicial se presenta cargada de tensión, ya que el juicio del 'caso Ábalos' coincide con el inicio del 'caso Kitchen' en la Audiencia Nacional, donde se juzga al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a otros altos cargos policiales por presunto espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Un calendario que multiplica las expectativas y el escrutinio público.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a Ábalos, su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama de delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, organización criminal, uso de información privilegiada, falsedad y prevaricación, relacionados con la contratación de mascarillas para Adif y Puertos del Estado, empresas dependientes del Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos en 2020.
La trama principal se centra en un presunto reparto de funciones: Aldama, captando empresas proveedoras, Ábalos, facilitando la adjudicación, y Koldo García, recibiendo una “indebida compensación económica” que, según la Fiscalía, se materializó en 10.000 euros mensuales en efectivo, estancias en chalés de lujo en Marbella y la Alcaidesa, y un contrato de alquiler con opción a compra de un piso en Madrid a un precio muy inferior al de mercado.
Pero el caso va más allá. La Fiscalía también investiga la presunta contratación de Jésica Rodríguez, ex pareja de Ábalos, y de Claudia Montes, otra persona vinculada al exministro, en empresas públicas como Ineco y Tragsatec, a pesar de no haber desempeñado ninguna tarea efectiva. Una trama de favores y tráfico de influencias que ahora se destapa en el Supremo.
Los tres acusados, que se declaran inocentes y solicitan su absolución, argumentan que no hay rastro de las comisiones millonarias que atribuye Aldama y que los contratos se realizaron siguiendo criterios de necesidad en un mercado colapsado. Aldama, por su parte, admite los delitos, pero busca una pena menor alegando su colaboración con la investigación.
Entre los más de ochenta testigos que declararán durante las próximas semanas, figuran nombres relevantes como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres, quienes deberán responder por escrito sobre los contratos de mascarillas con empresas presentadas por Aldama cuando presidían Baleares y Canarias, respectivamente. Un escrutinio exhaustivo que pone de manifiesto la magnitud del caso y su impacto en la política española.
El juicio, que no se podrá seguir en directo, se celebrará en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La complejidad de las imputaciones y la cantidad de personas involucradas auguran un proceso largo y arduo, con consecuencias impredecibles para el futuro político de los implicados. La cifra que resuena con fuerza: 430.298 euros, el mínimo de ganancias del presunto cohecho que la Fiscalía busca decomisar.