9 De cada 10 pacientes colombianos sufren retrasos en medicamentos vitales
La espera por un medicamento se ha convertido en una sentencia de muerte para miles de colombianos. Un informe alarmante de la Defensoría del Pueblo revela que el 90% de los pacientes que requieren tratamientos crónicos –diabetes, hipertensión, cáncer– enfrentan retrasos que pueden poner en riesgo sus vidas.
Crisis sanitaria en el punto de ebullición: la defensoría del pueblo lanza la alerta
La funcionaria Iris Marín Ortiz no se anda con rodeos. Su informe, entregado a los candidatos presidenciales, expone una situación crítica: una emergencia que trasciende las cifras y se traduce en sufrimiento humano. La Superintendencia Nacional de Salud y las propias investigaciones de la Defensoría confirman la magnitud del problema, evidenciando una falla sistemática en el acceso a la salud.
Las tutelas judiciales son la prueba palpable de esta descomposición. En 2025, se interpusieron más de 1,2 millones de demandas relacionadas con la prestación de servicios, un aumento del 25% y un crecimiento acumulado del 34% entre 2024 y 2025. No se trata de una simple estadística; son miles de familias que se ven privadas de su salud y obligadas a recurrir a la justicia.
Más allá de la salud: una crisis estructural que se extiende a la educación
Marín no se limita a señalar el problema sanitario. La deficiente atención médica es, según ella, un síntoma de una desigualdad más profunda, una brecha que se extiende a la educación. “Cada programa de gobierno, cada campaña, priorizará lo que considere importante, pero no se debe permitir que la inversión pública en educación se estanque. La deserción escolar y la falta de acceso a una formación adecuada son la raíz del problema,” advierte. La inversión insuficiente en educación perpetúa un círculo vicioso que genera exclusión y dificulta el acceso a derechos básicos.
El país destina solo el 5,6% de su Producto Interno Bruto (PIB) al sector salud, por debajo del promedio regional del 6,5%. Esta brecha afecta directamente a los 10 millones de personas que viven en situación de pobreza extrema, negándoles una cobertura sanitaria efectiva. Además, el 35% de los hogares colombianos sufren inseguridad alimentaria, un problema que se agrava con la falta de acceso a medicamentos y tratamientos esenciales.
La paz, la verdad y las víctimas: un llamado a la acción urgente
La Defensoría del Pueblo hace un llamado insistente: la paz no es solo la suspensión de las armas, sino también la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del conflicto armado. Es imperativo garantizar la sostenibilidad de mecanismos como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y la Ley de Víctimas. La propia institución de la Defensoría necesita recursos para poder cumplir su mandato y defender los derechos de la ciudadanía; la autonomía presupuestal es, en este contexto, una necesidad vital.
En pleno proceso electoral, el mensaje es claro: la crisis sanitaria no puede esperar más. Millones de colombianos siguen esperando citas, tratamientos y medicamentos a tiempo. La Defensoría del Pueblo insta a los candidatos a tomar decisiones firmes y a implementar medidas que aseguren el acceso oportuno y efectivo a la salud para todos los ciudadanos. El país necesita, ahora más que nunca, una respuesta contundente y duradera a esta grave crisis.”n